Esta es la fatídica historia de un funcionario municipal que tuvo la fuerza para denunciar las (ilegales) matanzas de perros a las que los directivos obligan a sus subordinados -so pena de despedirlos- en tantas municipalidades de Chile. Un hecho inédito, esta denuncia. Hasta que Luis Utreras grabara las imágenes espantosas de perros siendo inyectados con el veneno T61, metidos en bolsas de basura y depositados –aún vivos- en basureros de parques de San Joaquín (Santiago de Chile); hasta que Luis Utreras realizara la denuncia correspondiente, nadie pudo querellarse en Chile contra un alcalde. Luis nos lo ponía ahora todo en bandeja. Los animalistas al fin podrían entregar en tribunales pruebas y testimonios irrefutables de estos inmorales actos; serían aceptadas sus querellas. El alcalde sería juzgado, ejemplarmente; sentiría el peso de la ley, quizá siendo encarcelado los 3 años que se establece en ella. Y el resto de alcaldes observaría, acoquinado y aprendiendo –es de esperar- una lección. Y quizá fundásemos así una nueva era, en que el derecho a la vida de los perros es respetada…
Pero dije “fatídica”. Es una historia fatídica la de Luis. Los animalistas lo dejaron caer a plomo. Todo Chile se estremecía con las imágenes emitidas en televisión. Ante las cámaras, Patricia Cocas, presidenta de la oenegé Proanimal, prometía ayuda jurídica a nuestro denunciante; llegar a las últimas consecuencias. No obstante, una vez sin cámaras “me aburrí de intentar contactarla”, dice Luis. “Jamás devolvió mis innumerables llamadas y sólo mi hermana, angustiada por mi situación, logró que le respondiera (-a diferencia del mío, su celular lo desconocía-) y recordarle su mediático compromiso. A su abogado, Villablanca, pese a mis esfuerzos, aún no tengo el placer de conocerlo”.
En este momento Luis corre el real riesgo de perder su trabajo, como ha oído que le ha ocurrido a todo funcionario que se ha atrevido a hacer lo que él ha hecho. El Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales establece que los funcionarios deben obedecer sin rechistar las órdenes de sus jefes, y no denunciar en ninguna circunstancia turbiedad alguna ocurrida en el municipio. Por miedo Luis vaciló en hacer la denuncia a finales de 2008 (fecha en que ocurren los hechos que denuncia). Pero a mediados de octubre de 2011 enviará finalmente los vídeos de las masacres a la tele: “No aguanté más tanta crueldad de parte de mis compañeros de trabajo, que seguían obedeciendo las órdenes del director, Luis Donoso Santana, director de Higiene y Medio Ambiente. Por causa de esas órdenes seguían muriendo perritos sanos a manos de estos funcionarios -don Dagoberto Maldonado, Juan Carlos Muñoz y Juan Carrasco Aguirre-, que se desempeñaban en esta dirección desde el año 1994… imagina la cantidad de animalitos que esta gente asesinó en todo este tiempo”.
En los últimos tres años el alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, ha sido responsable del asesinato de 547 perros.
En represalia por su acción de denuncia, Luis está siendo tapado a cargos en la municipalidad. También es imputado de los verdugos. Estos tienen abogado, los directivos tienen abogado. Luis no tiene abogado. Todo muy paradójico.
Los abogados animalistas no se la pueden contra las munis
Luis, en desesperada necesidad de ayuda, toma contacto con Marcelo Mena, activo animalista desde el anonimato (que entre otras cosas gestiona un refugio de perros de los llamados potencialmente peligrosos), y que se ha desempeñado durante mucho tiempo como fiscal municipal precisamente. Marcelo está ayudando a Luis defenderse frente a los embates municipales, gracias a su tremendo conocimiento de este medio. Pero más allá, Luis no tiene gran esperanza: “Sabemos que el famoso sumario esta arreglado y lo que haga o diga no servirá de nada. Echeverría, va a la reelección como alcalde y negará hasta el final, haberlo ordenado. Yo tengo claro lo que me va a pasar, y lo asumo por mi tranquilidad y la de mi familia. Ya logré mi sueño: que no se asesinen perritos por pedido de la dirigente vecinal o el amigo del amigo.”. [Hay quien asegura, no obstante, que las matanzas siguen.] “Lo importante es que ustedes como animalistas sigan en la batalla y no se den por vencidos hasta que se sepa toda la verdad y se aclare por ejemplo el tráfico de T-61 que efectuaban Dagoberto Maldonado y Juan Carlos Muñoz, producto tóxico que sólo puede adquirirse con receta veterinaria retenida. Ellos practicaban, en forma particular, eutanasias y también vendían T-61 a bajo precio, incluso a unas clínicas veterinarias”.
Marcelo Mena ha puesto su experiencia a disposición de las oenegés animalistas –él no es abogado-, de modo de, en conjunto, poder asistir al denunciante: “Es un grave error suponer que cualquier abogado podrá obtener castigo para los responsables. […] Me sorprendió en el ejercicio de mi labor [como fiscal municipal], la escasez de juristas que manejan el tema, tal vez por constituir el Derecho Administrativo Municipal un capítulo tan específico, que profesionalmente no les resulta atractivo ahondar. El ámbito municipal es complejo, peculiar y bastante desconocido, por lo que se requiere experimentarlo para comprenderlo. Quizás por ello no se ha logrado que alcaldes que han incurrido en flagrantes bestialidades resulten sancionados”.
Aún nadie hace uso de su oferta de asesoría. Y a Marcelo le preocupa enormemente, pues ve cómo una y otra vez los alcaldes asesinos se ríen de los animalistas a la cara. “He estado averiguando las causas del fracaso de denuncias efectuadas a otros municipios y a primera vista todas siguen el mismo patrón: errores de procedimiento”.
Urge capacitar a los abogados animalistas.
Documentos y responsables
Fue un día de enero de 2012 que Marcelo Mena llegó a las redes animalistas con más de 200 fojas de documentos. Entre otros, declaraciones de los implicados: el responsable máximo de los asesinatos, alcalde Echeverría; el director de Higiene, Luis Donoso; la jefa de Higiene, Fernanda Méndez; los verdugos que vimos en los vídeos inyectando el veneno. Los documentos permiten concluir que:
- desmintiendo sus declaraciones a los medios, tanto el alcalde como el concejo en pleno, y la propia Contraloría General de la República, estaban informados desde el 10 de Octubre del 2010 de la realización de exterminios masivos. Agrava el hecho que algunos de estos se realizaban engañosamente desde domicilios, asegurando a sus dueños que se trasladaría a sus mascotas a refugios;
- contradiciendo sus declaraciones a los medios de que ”No existe una política municipal de control de la población animal vía eutanasias [sic]”, la ordenanza 2005 N° 5, promulgada por el alcalde Echeverría, y la página web del municipio (que después eliminaron), muestran lo contrario;
- las matanzas masivas cometidas violan la legalidad, particularmente al tratarse de animales sanos, e incluso con tutores; y que la Contraloría General de la República ha emitido reiterados dictámenes que así lo señalan;
- los exterminios los realizaban auxiliares carentes de la más mínima capacitación, en parques públicos, sin supervisión veterinaria, empleando T-61, tóxico peligroso, y en forma tan inapropiada y brutal que ocasionaban horribles sufrimientos a sus víctimas, transgrediendo el artículo 7 del Decreto Supremo N° 89 del 2002, del ministerio de salud, Reglamento de Prevención de la Rabia en el hombre y en los animales; toda vez que dicha facultad radica en la SEREMI de Salud y no en los municipios;
- de la documentación que se logró obtener se desprende que sólo en los últimos tres años se sacrificaron 547 perros, sin contar gatos;
- el T-61, prohibido internacionalmente, sólo es vendido bajo receta veterinaria retenida, y sólo puede ser aplicado endovenosamente por veterinarios, previa sedación. Sin embargo, es retirado primeramente desde la SEREMI, y posteriormente, en los últimos años, desde la clínica veterinaria de la Universidad Iberoamericana (en convenio con el municipio). No obstante, en ninguna de la entidades aludidas aparecen registros;
- si se considera que para eliminar un perro de 10 kg se requieren 3 ml (el frasco contiene 50 ml) y se multiplica por la cantidad documentada de perros exterminados en los últimos 3 años (547), se deberían haber empleado 1.641 lt. Tal cantidad nos habla de un uso anual de 11 frascos a un valor comercial de $40.000 por unidad, es decir $ 440.000 anuales y $ 1.320.000 en tres años. El municipio y la universidad Iberoaméricana alegan inocencia por ”no existir registros”;
- en junio de 2010, cuando se incorpora la veterinaria Fernanda Méndez, es informada de las matanzas, y no sólo no las impide, sino que participa al menos en una de ellas, en 2011;
- una simple lectura del Estatuto Administrativo, Órganica Constitucional de Municipalidades y Orgánica de Bases para la Aministración del Estado permite comprobar que han sido flagrantemente violadas por parte de su alcalde, concejo en pleno, el director de Higiene y la jefa de Higiene, que ostenta además el título de médico veterinaria;
- lo anterior, como prescriben las leyes mencionadas, constituiría falta a la probidad y notable abandono de deberes, y de acreditarse, los involucrados en estos atroces actos contemplan sancion de destitución.
Crisis animalista
El remezón informativo que nos da Marcelo ha dejado también al descubierto la crisis del movimiento animalista. ¿Cómo podemos dejar tirada a una persona que está sacrificándose de este modo por nuestra causa; una persona que nos está proporcionando todo lo que necesitábamos para lograr que se haga ejemplarmente justicia de una vez? ¿Nos pide ayuda y le ofrecemos una promesa televisiva, falsa? No le ayudamos con un abogado, sino que además lo inculpamos! Para defenderse de la acusación del denunciante de haber incumplido con su palabra, Proanimal opta por desprestigiarlo, quitar valor a sus palabras, mentir y, en definitiva, adoptar la postura del alcalde, pues, al igual que este, Proanimal está esperando, según nos declaró, que se determine si el denunciante es un asesino o no, insinuando que Luis habría ocupado una posición de mando en las matanzas (sí, Luis Utreras, el que denunció las matanzas). O sea, que en teoría nuestro denunciante bien podría pasarse tres años en cana. A esperar, dice Proanimal, no a defenderlo.
[Proanimal dice haber presentado una querella por maltrato y crueldad contra quienes resulten responsables].
Y en el trasiego intrigante no puede darse cuenta Patricia Cocas de que si su causa fuera sincera no pretendería poner bajo mala luz a la persona que le proporciona justamente el principal elemento de prueba para su causa. ¿Nuestra causa?
¿A quién representa Proanimal?
Es comentado a alto volumen el hastío en las redes animalistas por el manejo protagonístico, personalizante y poco sincero que Patricia Cocas hace de la causa animalista. Como dice Luis: “Creí en Proanimal y en ti, Patricia Cocas. Lo sucedido prueba que nos has utilizado, sólo para obtener prensa. Como municipales no nos asombraría verte pronto en algún importante cargo, pero no volveremos a creerte”.
Los animalistas evidentemente necesitan organizarse.
Propuesta de proyecto de ley
Además de la ilegalidad que supone sacrifiar perros sanos, hay otros importantes aspectos a reclamar:
. Como señala Lísperguer, constituye “un terrible escollo para la protección animal, […] que los funcionarios subalternos no puedan desobedecer órdenes de sus superiores so pena de sanciones y despido. […] Si no se reconoce a los funcionarios la posibilidad de negarse a ejecutar órdenes ilegales y denunciarlas a la policía o en tribunales, a través quizás de sus sindicatos, estas terribles ejecuciones seguirán ocurriendo. Se debería garantizar a los funcionarios denunciantes que no serán despedidos ni sufrirán merma alguna en sus condiciones laborales y que, al contrario, se perseguirá judicialmente a los superiores que den órdenes ilegales. Pero, al mismo tiempo, también debe sancionarse la obediencia de órdenes claramente ilegales. Hoy, el artículo 252 del Código Penal amenaza con inhabilitación perpetua ´al empleado público que se negare abiertamente a obedecer las órdenes de sus superiores´”.
. “Este caso debería convertirse en una oportunidad para exigir que se reforme la ley actual paraaumentar las penas por maltrato animal cuando este sea cometido por orden de alguna autoridad. Sería justo que los alcaldes hallados culpables del delito de maltrato animal sean condenados a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y/o aumentar las multas y penas de prisión de tres a cinco años”.
Mérici, por su parte, señala que “el mismo hecho de que un funcionario municipal o del estado sea obligado a participar en operaciones que violan la ley, so pena de despido, debería ser considerado como una violación del derecho a la integridad psíquica y moral de las personas”. Este mismo alegato se puede aplicar para el caso de los tutores, padrinos y madrinas que supieron de la espantosa e injustificada muerte de sus mascotas callejeras.
Los irresponsables, ¿quiénes son?
El mundo al revés: el denunciante de hechos tan atroces, apaleado por animalistas, verdugos y funcionarios asesinos; el alcalde se lava la imagen organizando este mes de enero -en el mismo parque donde se cometieron los salvajes actos- jornadas de “tenencia responsable”, ejercicio falso si no pasa por el reconocimiento de los delitos cometidos y su castigo.
El éxito dependerá de la coordinación entre animalistas y parlamentarios. Es el momento justo para marcar un antes y un después de las matanzas en Chile. Quizá la ley en discusión en este momento pueda acoger estas demandas animalistas.
