Comentario de Mérici en post Despedido por Denunciar Matanzas:

Un tema crucial es la situación del funcionario que denunció estos crímenes. El reglamento municipal hace posible que denuncie un acto ilícito cometido o que vayan a cometer sus superiores, pero debe obedecer si se le ordena por segunda vez –es decir, aunque la orden implique la comisión de un delito. El Código Penal, en su artículo 251, también obliga a obedecer al funcionario, so pena de despido. Todo esto pese a que el mismo Código Penal obliga a los ciudadanos chilenos a regirse por la ley, y la Constitución al presidente y otras autoridades a “guardar y hacer guardar las leyes”, cosa que en estos casos aberrantes obviamente no está ocurriendo. Acá, ante los crímenes cometidos por autoridades (edilicias en este caso), el estado o el gobierno hace la vista gorda, aunque su deber constitucional sea precisamente hacer respetar las leyes. Esta situación de abandono de sus deberes de parte de las más altas autoridades políticas deja a la población en una terrible situación de indefensión frente a autoridades aberrantes que, como el alcalde Echeverría, de San Joaquín, no retroceden ante el crimen y, al contrario, se jactan de los que comete. Algunos ciudadanos han alertado que el alcalde continúa con su política de sacrificios ilegales y que el jefe de servicios que obedecía sus órdenes, ha sido o será recontratado o se encuentra trabajando en una empresa privada asociada al alcalde.

El funcionario que denunció estas matanzas (que merece el elogio y apoyo de la ciudadanía) ha sido despedido acusado injustamente de haber participado en esos crímenes, mientras que la verdad es que era sólo el chofer de la camioneta que trasladaba a los ejecutores, que obedecían órdenes de su jefe de servicios, que a su vez obedecía órdenes del propio alcalde, que ha defendido siempre e incluso promovido u ofrecido públicamente el sacrificio ilegal de canes, desde la propia web de la municipalidad, sin que ninguna autoridad superior haya dicho nunca nada ni ningún fiscal se haya interesado en llevar a justicia a los autores de estos bárbaros crímenes.

En algún momento los funcionarios municipales deberán exigir el derecho a desobedecer órdenes clara o patentemente ilegales (como sacrificar a perros de la calle) sin por ello correr el riesgo de perder sus trabajos. Al contrario, los funcionarios debiesen estar obligados a denunciar ilícitos de sus superiores o colegas sin temer represalias de sus superiores.

¿Te parecería justo que te metieran en cana por denunciar una matanza de perros? ¿Absurdo? Pues bien, esa es la realidad en Chile. Es la situación en que se encuentra Luis Utreras, un ciudadano como tú que trabajaba de chofer en el departamento de Medio Ambiente de la municipalidad de San Joaquín, y que acaba de ser despedido. Despedido por el alcalde, Sergio Echeverría, responsable del asesinato de cientos de perros y gatos de esa comuna. ¿Qué te parece?

¿Recuerdas las imágenes difundidas por la tele chilena a finales de 2011, en que se mostraba cómo funcionarios de esa municipalidad mataban, cruelmente, perros en un parque? ¿Recuerdas cómo los metían, aún vivos, en bolsas de basura? Si lo recuerdas es porque Luis Utreras envió esas imágenes, grabadas por él, a la tele. Lo hizo con la intención de denunciar la inmoralidad e ilegalidad de esos actos, y con la esperanza de terminar con ellos. Durante años se han sacrificado miles de perros y gatos en esta municipalidad, como en tantas del país, y con la participación incluso de otras instituciones, como la Universidad (privada) Iberoamericana.

Luis Utreras no solo ha perdido su trabajo, sino que puede acabar en la cárcel, pues es uno de los acusados en las querellas por las matanzas que han sido interpuestas. Leíste bien: el mundo patas arriba. Y mientras tanto, el criminal Echeverría quiere ser reelegido como alcalde.

Tú tienes dos opciones: callar y dejar las cosas como están, lamentando una y otra vez cómo se asesina impunemente a nuestros perros, o levantar la voz contra la injusticia y luchar por un cambio. No es el ciudadano Luis Utreras quien debe pagar por los crímenes del alcalde Echeverría.

Firma la siguiente carta, que será enviada al alcalde genocida.

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Carta al alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría:

Sr. Sergio Echeverría,

A unos meses de las elecciones municipales, en las que pretende ser reelegido como alcalde, permítanos ponerle al tanto de que nosotros, ciudadanos de todos los signos políticos y creencias, también entramos en campaña. Una campaña que se genera en nuestro respeto a la vida y dignidad de los animales. Una campaña consecuentemente contra usted, que ciertamente no nos representa, y a quien no queremos ver ocupando un puesto que no merece.

Pretende usted con toda desvergüenza, tras masacrar a cientos de seres inocentes, seguir postulándose como líder de la comuna de San Joaquín… pero sepa que nuestras aspiraciones y estímulos no los marca la muerte ni el fraude. Sepa que queremos justicia, y que tendrá que vérselas con nuestra clara oposición.

Para colmo de desvergüenza, se atreve a hacer indebido uso de su autoridad expulsando de su puesto de trabajo al Sr. Luis Utreras. ¿Cree que dejando sin trabajo a quien se atrevió a denunciar sus horribles actos podrá borrarlos? Sepa que están grabados en nuestras retinas, como posiblemente lo estarán en su conciencia. Nos encargaremos de recordárselo a los votantes de San Joaquín. Queremos justicia, y representantes que entiendan, defiendan y promuevan nuestros valores.

Firma acá.

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[Más info:
http://teleperra.tumblr.com/post/16355642925/el-denunciante http://teleperra.tumblr.com/post/16445373205/universidad-iberoamericana-implicada-en-matanzas-de 
http://teleperra.tumblr.com/post/15095444119/quienes-son-los-irresponsables  ] 

La Universidad Iberoamericana está implicada en las matanzas de perros de San Joaquín de 2008, cuyas imágenes, transmitidas por televisión en octubre de 2011, horrorizaron a todo el país. Vemos cómo un grupo de funcionarios municipales, sin la más mínima capacitación, inyecta a una serie de perros un veneno. Tras ello, aún vivos, son introducidos, con claros signos de sufrimiento, en bolsas de basura.

Lo que les inyectaron se llama T61, un peligroso tóxico prohibido internacionalmente, que en Chile sólo es vendido con receta retenida, y sólo puede aplicarse endovenosamente por veterinarios, previa sedación. Según declaraciones de funcionarios de la municipalidad de San Joaquín este veneno era retirado desde la SEREMI entre 2008 y 2009. A partir de ese año el veneno lo retiraban de la clínica veterinaria de la Universidad Iberoamericana, ubicada frente a Higiene, en el parque Isabel Riquelme, con quien la municipalidad de San Joaquín tiene firmado un convenio.

Semanalmente el comando asesino usaba uno o dos frascos de T61. En la camioneta llevaban otro para contingencia.
Algunos funcionarios realizaban atenciones privadas utilizando insumos municipales, y también vendían T61 a bajo precio, incluso a clínicas veterinarias.

Si se considera que para matar a un perro de 10 kg se necesitan 3 ml (el frasco tiene 50 ml) y se multiplica por la cantidad documentada de perros exterminados en los últimos 3 años (547), se deberían haber empleado 1,65 lt. Esto equivale a un uso anual de 11 frascos, con un valor de 40.000 pesos por unidad, o sea, 440.000 pesos anuales y 1.320.000 en tres años.

Pero ni la Seremi, ni la municipalidad ni la Universidad Iberoamericana guardan registro de sus transacciones, a lo que se agarra la Universidad Iberoamericana para alegar inocencia.

Este escandaloso caso es solo parte del iceberg de inmoralidad destapado gracias a la denuncia de las matanzas municipales que hizo Luis Utreras, que, como en la novela más esperpéntica, ahora está siendo perseguido por los inmorales. Léelo acá.

Cabe mencionar que hace unos días, para hablar de las matanzas de San Joaquín, el animalista Marcelo Mena, que está liderando esta causa, fue invitado al programa de radio de Paulina Nin de Cardona (107.3). De improviso aparece un hombre llamado Carlos Barrera, que resulta ser médico veterinario de la Universidad Iberoamericana, y que trae la intención de defender no solo a la institución a que representa, ante la interpelación de Marcelo, sino también a las autoridades municipales. Pero las cuentas no fallan.
Aún no conseguimos la grabación del programa. Quienes no escucharon el debate corren el riesgo de no poder hacerlo nunca: la Universidad Iberoamericana, con el poder que da el dinero, está solicitando editar la grabación, sin duda con la intención de eliminar lo que aquí les contamos.
(Quizá quieras escribir a la radio: pnindecardona@gmail.com ; o tuitearle algo a la Universidad Iberoamericana: @uiberocl).

La foto es de dos de las últimas víctimas de los mafiosos.

Funa al alcalde de San Joaquín, por asesino.

(vía Fotos de FUNA AL ALCALDE DE SAN JOAQUIN)

Esta es la fatídica historia de un funcionario municipal que tuvo la fuerza para denunciar las (ilegales) matanzas de perros a las que los directivos obligan a sus subordinados -so pena de despedirlos- en tantas municipalidades de Chile. Un hecho inédito, esta denuncia. Hasta que Luis Utreras grabara las imágenes espantosas de perros siendo inyectados con el veneno T61, metidos en bolsas de basura y depositados –aún vivos- en basureros de parques de San Joaquín (Santiago de Chile); hasta que Luis Utreras realizara la denuncia correspondiente, nadie pudo querellarse en Chile contra un alcalde. Luis nos lo ponía ahora todo en bandeja. Los animalistas al fin podrían entregar en tribunales pruebas y testimonios irrefutables de estos inmorales actos; serían aceptadas sus querellas. El alcalde sería juzgado, ejemplarmente; sentiría el peso de la ley, quizá siendo encarcelado los 3 años que se establece en ella. Y el resto de alcaldes observaría, acoquinado y aprendiendo –es de esperar- una lección. Y quizá fundásemos así una nueva era, en que el derecho a la vida de los perros es respetada…

Pero dije “fatídica”. Es una historia fatídica la de Luis. Los animalistas lo dejaron caer a plomo. Todo Chile se estremecía con las imágenes emitidas en televisión. Ante las cámaras, Patricia Cocas, presidenta de la oenegé Proanimal, prometía ayuda jurídica a nuestro denunciante; llegar a las últimas consecuencias.  No obstante, una vez sin cámaras “me aburrí de intentar contactarla”, dice Luis. “Jamás devolvió mis innumerables llamadas y sólo mi hermana, angustiada por mi situación, logró que le respondiera (-a diferencia del mío, su celular lo desconocía-) y recordarle su mediático compromiso. A su abogado, Villablanca, pese a mis esfuerzos, aún no tengo el placer de conocerlo”.

En este momento Luis corre el real riesgo de perder su trabajo, como ha oído que le ha ocurrido a todo funcionario que se ha atrevido a hacer lo que él ha hecho. El Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales establece que los funcionarios deben obedecer sin rechistar las órdenes de sus jefes, y no denunciar en ninguna circunstancia turbiedad alguna ocurrida en el municipio. Por miedo Luis vaciló en hacer la denuncia a finales de 2008 (fecha en que ocurren los hechos que denuncia). Pero a mediados de octubre de 2011 enviará finalmente los vídeos de las masacres a la tele: “No aguanté más tanta crueldad de parte de mis compañeros de trabajo, que seguían obedeciendo las órdenes del director, Luis Donoso Santana, director de Higiene y Medio Ambiente. Por causa de esas órdenes seguían muriendo perritos sanos a manos de estos funcionarios -don Dagoberto Maldonado, Juan Carlos Muñoz y Juan Carrasco Aguirre-, que se desempeñaban en esta dirección desde el año 1994… imagina la cantidad de animalitos que esta gente asesinó en todo este tiempo”.
En los últimos tres años el alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, ha sido responsable del asesinato de 547 perros.
En represalia por su acción de denuncia, Luis está siendo tapado a cargos en la municipalidad. También es imputado de los verdugos. Estos tienen abogado, los directivos tienen abogado. Luis no tiene abogado. Todo muy paradójico.

Los abogados animalistas no se la pueden contra las munis
Luis, en desesperada necesidad de ayuda, toma contacto con Marcelo Mena, activo animalista desde el anonimato (que entre otras cosas gestiona un refugio de perros de los llamados potencialmente peligrosos), y que se ha desempeñado durante mucho tiempo como fiscal municipal precisamente. Marcelo está ayudando a Luis defenderse frente a los embates municipales, gracias a su tremendo conocimiento de este medio. Pero más allá, Luis no tiene gran esperanza: “Sabemos que el famoso sumario esta arreglado y lo que haga o diga no servirá de nada. Echeverría, va a la reelección como alcalde y negará hasta el final, haberlo ordenado. Yo tengo claro lo que me va a pasar, y lo asumo por mi tranquilidad y la de mi familia. Ya logré mi sueño: que no se asesinen perritos por pedido de la dirigente vecinal o el amigo del amigo.”. [Hay quien asegura, no obstante, que las matanzas siguen.] “Lo importante es que ustedes como animalistas sigan en la batalla y no se den por vencidos hasta que se sepa toda la verdad y se aclare por ejemplo el tráfico de T-61 que efectuaban Dagoberto Maldonado y Juan Carlos Muñoz, producto tóxico que sólo puede adquirirse con receta veterinaria retenida. Ellos practicaban, en forma particular, eutanasias y también vendían T-61 a bajo precio, incluso a unas clínicas veterinarias”. 

Marcelo Mena ha puesto su experiencia a disposición de las oenegés animalistas –él no es abogado-, de modo de, en conjunto, poder asistir al denunciante: “Es un grave error suponer que cualquier abogado podrá obtener castigo para los responsables. […] Me sorprendió en el ejercicio de mi labor [como fiscal municipal], la escasez de juristas que manejan el tema, tal vez por constituir el Derecho Administrativo Municipal un capítulo tan específico, que profesionalmente no les resulta atractivo ahondar. El ámbito municipal es complejo, peculiar y bastante desconocido, por lo que se requiere experimentarlo para comprenderlo. Quizás por ello no se ha logrado que alcaldes que han incurrido en flagrantes bestialidades resulten sancionados”.

Aún nadie hace uso de su oferta de asesoría. Y a Marcelo le preocupa enormemente, pues ve cómo una y otra vez los alcaldes asesinos se ríen de los animalistas a la cara. “He estado averiguando las causas del fracaso de denuncias efectuadas a otros municipios y a primera vista todas siguen el mismo patrón: errores de procedimiento”.
Urge capacitar a los abogados animalistas.

Documentos y responsables
Fue un día de enero de 2012 que Marcelo Mena llegó a las redes animalistas con más de 200 fojas de documentos. Entre otros, declaraciones de los implicados: el responsable máximo de los asesinatos, alcalde Echeverría; el director de Higiene, Luis Donoso; la jefa de Higiene, Fernanda Méndez; los verdugos que vimos en los vídeos inyectando el veneno. Los documentos permiten concluir que:

- desmintiendo sus declaraciones a los medios, tanto el alcalde como el concejo en pleno, y la propia Contraloría General de la República, estaban informados desde el 10 de Octubre del 2010 de la realización de exterminios masivos. Agrava el hecho que algunos de estos se realizaban engañosamente desde domicilios, asegurando a sus dueños que se trasladaría a sus mascotas a refugios;

- contradiciendo sus declaraciones a los medios de que ”No existe una política municipal de control de la población animal vía eutanasias [sic]”, la ordenanza 2005 N° 5, promulgada por el alcalde Echeverría, y la página web del municipio (que después eliminaron), muestran lo contrario;

- las matanzas masivas cometidas violan la legalidad, particularmente al tratarse de animales sanos, e incluso con tutores; y que la Contraloría General de la República ha emitido reiterados dictámenes que así lo señalan;

- los exterminios los realizaban auxiliares carentes de la más mínima capacitación, en parques públicos, sin supervisión veterinaria, empleando T-61, tóxico peligroso, y en forma tan inapropiada y brutal que ocasionaban horribles sufrimientos a sus víctimas, transgrediendo el artículo 7 del Decreto Supremo N° 89 del 2002, del ministerio de salud, Reglamento de Prevención de la Rabia en el hombre y en los animales; toda vez que dicha facultad radica en la SEREMI de Salud y no en los municipios;

- de la documentación que se logró obtener se desprende que sólo en los últimos tres años se sacrificaron 547 perros, sin contar gatos;

- el T-61, prohibido internacionalmente, sólo es vendido bajo receta veterinaria retenida, y sólo puede ser aplicado endovenosamente por veterinarios, previa sedación. Sin embargo, es retirado primeramente desde la SEREMI, y posteriormente, en los últimos años, desde la clínica veterinaria de la Universidad Iberoamericana (en convenio con el municipio). No obstante, en ninguna de la entidades aludidas aparecen registros; 

- si se considera que para eliminar un perro de 10 kg se requieren 3 ml (el frasco contiene 50 ml) y se multiplica por la cantidad documentada de perros exterminados en los últimos 3 años (547), se deberían haber empleado 1.641 lt. Tal cantidad nos habla de un uso anual de 11 frascos a un valor comercial de $40.000 por unidad, es decir $ 440.000 anuales y $ 1.320.000 en tres años. El municipio y la universidad Iberoaméricana alegan inocencia por ”no existir registros”;  

- en junio de 2010, cuando se incorpora la veterinaria Fernanda Méndez, es informada de las matanzas, y no sólo no las impide, sino que participa al menos en una de ellas, en 2011;

- una simple lectura del Estatuto Administrativo, Órganica Constitucional de Municipalidades y Orgánica de Bases para la Aministración del Estado permite comprobar que han sido flagrantemente violadas por parte de su alcalde, concejo en pleno, el director de Higiene y la jefa de Higiene, que ostenta además el título de médico veterinaria;

- lo anterior, como prescriben las leyes mencionadas, constituiría falta a la probidad y notable abandono de deberes, y de acreditarse, los involucrados en estos atroces actos contemplan sancion de destitución.

Crisis animalista
El remezón informativo que nos da Marcelo ha dejado también al descubierto la crisis del movimiento animalista. ¿Cómo podemos dejar tirada a una persona que está sacrificándose de este modo por nuestra causa; una persona que nos está proporcionando todo lo que necesitábamos para lograr que se haga ejemplarmente justicia de una vez? ¿Nos pide ayuda y le ofrecemos una promesa televisiva, falsa? No le ayudamos con un abogado, sino que además lo inculpamos! Para defenderse de la acusación del denunciante de haber incumplido con su palabra, Proanimal opta por desprestigiarlo, quitar valor a sus palabras, mentir y, en definitiva, adoptar la postura del alcalde, pues, al igual que este, Proanimal está esperando, según nos declaró, que se determine si el denunciante es un asesino o no, insinuando que Luis habría ocupado una posición de mando en las matanzas (sí, Luis Utreras, el que denunció las matanzas). O sea, que en teoría nuestro denunciante bien podría pasarse tres años en cana. A esperar, dice Proanimal, no a defenderlo.
[Proanimal dice haber presentado una querella por maltrato y crueldad contra quienes resulten responsables].

Y en el trasiego intrigante no puede darse cuenta Patricia Cocas de que si su causa fuera sincera no pretendería poner bajo mala luz a la persona que le proporciona justamente el principal elemento de prueba para su causa. ¿Nuestra causa?
¿A quién representa Proanimal?
Es comentado a alto volumen el hastío en las redes animalistas por el manejo protagonístico, personalizante y poco sincero que Patricia Cocas hace de la causa animalista. Como dice Luis: “Creí en Proanimal y en ti, Patricia Cocas. Lo sucedido prueba que nos has utilizado, sólo para obtener prensa. Como municipales no nos asombraría verte pronto en algún importante cargo, pero  no volveremos a creerte”.

Los animalistas evidentemente necesitan organizarse.

Propuesta de proyecto de ley
Además de la ilegalidad que supone sacrifiar perros sanos, hay otros importantes aspectos a reclamar:

. Como señala Lísperguer, constituye “un terrible escollo para la protección animal, […] que los funcionarios subalternos no puedan desobedecer órdenes de sus superiores so pena de sanciones y despido. […] Si no se reconoce a los funcionarios la posibilidad de negarse a ejecutar órdenes ilegales y denunciarlas a la policía o en tribunales, a través quizás de sus sindicatos, estas terribles ejecuciones seguirán ocurriendo. Se debería garantizar a los funcionarios denunciantes que no serán despedidos ni sufrirán merma alguna en sus condiciones laborales y que, al contrario, se perseguirá judicialmente a los superiores que den órdenes ilegales. Pero, al mismo tiempo, también debe sancionarse la obediencia de órdenes claramente ilegales. Hoy, el artículo 252 del Código Penal amenaza con inhabilitación perpetua ´al empleado público que se negare abiertamente a obedecer las órdenes de sus superiores´”.

. “Este caso debería convertirse en una oportunidad para exigir que se reforme la ley actual paraaumentar las penas por maltrato animal cuando este sea cometido por orden de alguna autoridad. Sería justo que los alcaldes hallados culpables del delito de maltrato animal sean condenados a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y/o aumentar las multas y penas de prisión de tres a cinco años”. 

Mérici, por su parte, señala que “el mismo hecho de que un funcionario municipal o del estado sea obligado a participar en operaciones que violan la ley, so pena de despido, debería ser considerado como una violación del derecho a la integridad psíquica y moral de las personas”. Este mismo alegato se puede aplicar para el caso de los tutores, padrinos y madrinas que supieron de la espantosa e injustificada muerte de sus mascotas callejeras.

Los irresponsables, ¿quiénes son?
El mundo al revés: el denunciante de hechos tan atroces, apaleado por animalistas, verdugos y funcionarios asesinos; el alcalde se lava la imagen organizando este mes de enero -en el mismo parque donde se cometieron los salvajes actos- jornadas de “tenencia responsable”, ejercicio falso si no pasa por el reconocimiento de los delitos cometidos y su castigo.

El éxito dependerá de la coordinación entre animalistas y parlamentarios. Es el momento justo para marcar un antes y un después de las matanzas en Chile. Quizá la ley en discusión en este momento pueda acoger estas demandas animalistas.

Viernes, 04 de noviembre · 18:30, Plaza Italia

(via Protesta ¡¡¡NO MÁS MASACRES!!!)

El funcionario quiere permanecer anónimo:

Las eliminaciones comenzaron con el anterior alcalde Ramón Farías y aumentaron cuando llego a la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO)  Javier Cornejo nuestro actual Jefe de Comunicaciones. La razón : la mala imagen que daban los perros vagos cerca del Centro Cívico, lugar de reuniones políticas y actos masivos.  

Los Jefes se cuidan bastante y las órdenes se imparten sólo verbalmente porque algo parecido ocurrido años atras en el Parque La Castrina produjo por los reclamos el despido de la anterior Jefa de Higiene otra  Médico Veterinario que se presto para eso y a los que lo ordenaron, no les paso nada.

Estoy conciente de la brutalidad empleada por algunos compañeros, pero en la calle no es fácil y  les dicen que lo hagan rápido para evitar problemas.  Es bueno que sepan que los funcionarios municipales subalternos, estamos obligados a cumplir con lo que se nos ordena o arriesgar despidoy  a callar para evitar represalias.  Por eso en vez de condenarnos porque no hablan primero con la Dra Fernanda Mendez Valenzuela del departamento de higiene y zoonosis que es la Jefe de los Auxiliares a los que se critica y le preguntan de quien recibio la orden

Más sobre caso Matanzas San Joaquín

Claramente los funcionarios de la municipalidad de San Joaquín, Chile, matan, con tortura, perros del parque (sanos y supervisados). Es la primera vez que una denuncia de asesinato por parte de municipalidades cuenta con pruebas tan explícitas. Esperemos que los tribunales marquen esta vez un antes y un después en Chile.

Es imposible describir los sentimientos de impotencia y profunda indignación que provoca esta matanza arbitraria, insensible, estúpida, innecesaria y cruel. Nada la justifica y es probablemente uno de los casos más impactantes y claros de maltrato animal cometidos por autoridades edilicias en los últimos años. Los propios autores del maltrato han entregado muchas evidencias indesmentibles de la carnicería, que ningún abogado podrá desvirtuar. En muchos casos anteriores de matanzas de animales los animalistas no llegaron a ninguna parte por la falta de pruebas. En este caso, las pruebas son abundantes, directas y atrozmente gráficas.

1
Hay que establecer en primer lugar que esta matanza no se encuentra justificada ni en la ley ni en el polémico dictamen número 69.752 de la Contraloría en 2010. En la respuesta que dio Contraloría a un requerimiento de reconsideración del dictamen, presentada por CEFU (representada por Fernando Andrés Rolleri Saavedra), el contralor reafirma que “[…] el dictamen cuya reconsideración se solicita, no ha autorizado a las municipalidades para eliminar perros vagos […]. Por el contrario, en él se expresa ‘que no existe facultad legal que habilite a los municipios para dar muerte a los perros abandonados en la vía pública, como una forma de controlar la población canina’”. El dictamen autoriza la aplicación de eutanasia a perros hallados en la calle sólo si y cuando se encuentren “enfermos o gravemente heridos [y] cuya vida no [sea] viable desde el punto de vista clínico, y que de provocarse su muerte se le evitarán sufrimientos innecesarios”.
Los perros de San Joaquín no fueron sometidos a eutanasia por razones médicas, que es la única que se permite. Los propios funcionarios que los eliminaron declararon que se trataba de perros sanos. Sabemos también por otras fuentes que no se trataba de perros abandonados, como suelen argumentar las autoridades, sino que de perros en situación de calle bajo el cuidado de tutores, que los cuidaban y alimentaban. El daño psicológico que se les ha causado es enorme.
Recuérdese también que en el caso de ser retirados de la vía pública, la municipalidad no puede hacerlo para eliminarlos, sino para trasladarlos a caniles donde deben ser protegidos y alimentados.

2
Un segundo aspecto representa igualmente un terrible escollo para la protección animal y es que los funcionarios subalternos no pueden desobedecer órdenes de sus superiores so pena de sanciones y despido -exactamente como señalaron los funcionarios sorprendidos en la matanza. Si no se reconoce a los funcionarios la posibilidad de negarse a ejecutar órdenes ilegales y denunciarlas a la policía o en tribunales, a través quizás de sus sindicatos, estas terribles ejecuciones seguirán ocurriendo. Se debería garantizar a los funcionarios denunciantes que no serán despedidos ni sufrirán merma alguna en sus condiciones laborales y que, al contrario, se perseguirá judicialmente a los superiores que den órdenes ilegales. Pero, al mismo tiempo, también debe sancionarse la obediencia de órdenes claramente ilegales. Hoy, el artículo 252 del Código Penal amenaza con inhabilitación perpetua “al empleado público que se negare abiertamente a obedecer las órdenes de sus superiores”. Este caso debería convertirse en una oportunidad para exigir que se reforme la ley actual para aumentar las penas por maltrato animal cuando este sea cometido por orden de alguna autoridad. Sería justo que los alcaldes hallados culpables del delito de maltrato animal sean condenados a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y/o aumentar las multas y penas de prisión de tres a cinco años. 

3
Los funcionarios entrevistados declararon sentirse apesadumbrados por la matanza. Este es un aspecto que ha tocado de Mérici, señalando que “el mismo hecho de que un funcionario municipal o del estado sea obligado a participar en operaciones que violan la ley, so pena de despido, debería ser considerado como una violación del derecho a la integridad psíquica y moral de las personas”. Este mismo alegato se puede aplicar para el caso de los padrinos y madrinas que, ese día, se enteraron de la espantosa e injustificada muerte de sus mascotas callejeras.

Reflexiones sobre una nota en Pachnews.

Esta vez no faltan pruebas. Alcalde, váyase tres años a la cárcel, la pena máxima. Lo mismo para los sinvergüenzas que metieron la aguja. Dónde van a estar mejor que en la cárcel?