Hay 7 familias en Chile con carta blanca, gracias a la corrupción del ministro de turno, para obtener -matar, vender- la práctica totalidad de los peces de los mares de jurisdicción chilena.

Los peces son de todos los chilenos.

Los peces son definidos como recursos por quienes obtienen la concesión de explotación, y por quien la otorga: el Estado.
(Alegan los pescadores artesanales que ellos también tienen derecho a explotar los mares, con fines comerciales pues; mismo punto de vista que el de las 7 familias).  

No obstante, perteneciendo los peces a todos los chilenos, corresponde a todos los chilenos definir su destino. Ciertamente todos los chilenos tienen derecho a hacerse oír.

El punto de vista de que los peces no tienen propietario -de que debe permitírseles vivir sus vidas y no ser considerados recursos, sino individuos con interés en disfrutar de sus ciclos libremente- es también una legítima postura chilena.

Sin rechazar -qué remedio- el paradigma en que el humano determina el destino de los hábitats de los individuos de otras especies, es de esperar que el sistema organizativo garantice la posibilidad de la licitación de la concesión del mar por parte de otros grupos sin intereses en el lucro (por explotación); grupos de defensores del derecho a la vida de los peces.

La creación de santuarios es una legítima y consecuente alternativa a la explotación de peces.  

Es consecuente con una filosofía (cada vez más afianzada) de no violencia, de respeto a los individuos de otras especies.
Es consecuente también en el sentido que apunta a la sostenibilidad: los estudios -ineludibles- sobre el efecto que ocasiona la explotación pesquera indican gravísimos daños, irreparables, al ecosistema.
Más tímidos son los estudios sobre el efecto perjudicial en la salud humana del consumo de peces, pero igualmente, en un debate científico, argüibles.
Y es deber moral de un Estado que se tome en serio atender a los estudios sobre aquellos temas respecto a los cuales, en general, deban tomarse decisiones.