Comentario de Mérici en post Despedido por Denunciar Matanzas:
Un tema crucial es la situación del funcionario que denunció estos crímenes. El reglamento municipal hace posible que denuncie un acto ilícito cometido o que vayan a cometer sus superiores, pero debe obedecer si se le ordena por segunda vez –es decir, aunque la orden implique la comisión de un delito. El Código Penal, en su artículo 251, también obliga a obedecer al funcionario, so pena de despido. Todo esto pese a que el mismo Código Penal obliga a los ciudadanos chilenos a regirse por la ley, y la Constitución al presidente y otras autoridades a “guardar y hacer guardar las leyes”, cosa que en estos casos aberrantes obviamente no está ocurriendo. Acá, ante los crímenes cometidos por autoridades (edilicias en este caso), el estado o el gobierno hace la vista gorda, aunque su deber constitucional sea precisamente hacer respetar las leyes. Esta situación de abandono de sus deberes de parte de las más altas autoridades políticas deja a la población en una terrible situación de indefensión frente a autoridades aberrantes que, como el alcalde Echeverría, de San Joaquín, no retroceden ante el crimen y, al contrario, se jactan de los que comete. Algunos ciudadanos han alertado que el alcalde continúa con su política de sacrificios ilegales y que el jefe de servicios que obedecía sus órdenes, ha sido o será recontratado o se encuentra trabajando en una empresa privada asociada al alcalde.
El funcionario que denunció estas matanzas (que merece el elogio y apoyo de la ciudadanía) ha sido despedido acusado injustamente de haber participado en esos crímenes, mientras que la verdad es que era sólo el chofer de la camioneta que trasladaba a los ejecutores, que obedecían órdenes de su jefe de servicios, que a su vez obedecía órdenes del propio alcalde, que ha defendido siempre e incluso promovido u ofrecido públicamente el sacrificio ilegal de canes, desde la propia web de la municipalidad, sin que ninguna autoridad superior haya dicho nunca nada ni ningún fiscal se haya interesado en llevar a justicia a los autores de estos bárbaros crímenes.
En algún momento los funcionarios municipales deberán exigir el derecho a desobedecer órdenes clara o patentemente ilegales (como sacrificar a perros de la calle) sin por ello correr el riesgo de perder sus trabajos. Al contrario, los funcionarios debiesen estar obligados a denunciar ilícitos de sus superiores o colegas sin temer represalias de sus superiores.
