Del estado debiésemos también esperar que colabore en la promulgación de una ley que permita que los funcionarios municipales desobedezcan y denuncien órdenes ilegales sin temor a perder sus empleos. En la actualidad, los funcionarios deben obedecer, incluso si las órdenes de superiores son evidentemente ilegales. Cambiar la ley y permitir la desobediencia y denuncia justificadas nos permitiría estar al tanto, desde dentro, de posibles abusos y delitos y fortalecería las labores de fiscalización.
Animales y conciencia.
Editores: Pepa García y Claudio Lísperguer.
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